Cuenta atrás para los operadores prioridad II: Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental
El pasado 31 de octubre de 2018, según lo establecido en la orden APM/1040/2017, finalizó el plazo de aplicación para los operadores de actividades englobadas en el nivel de prioridad 1, dentro de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, de constituir una garantía financiera obligatoria. Todas ellas ya deben de haber presentado ante las Administraciones las Declaraciones Responsables indicando la obligatoriedad de establecerla, o en cualquier caso su exención.
Esto sigue avanzando, y cada vez estamos más cerca de la fecha límite de obligatoriedad para los operadores de actividades contenidas en el orden de prioridad 2. El próximo 31 de octubre de 2019, al igual que para las actividades de prioridad 1, será el tiempo límite para haber realizado el análisis de riesgo y constituido una garantía financiera obligatoria para el orden de prioridad 2. ¿Qué actividades se encuentran afectadas?
- Sector energético: instalaciones para el refino, producción de gas (distinto del gas natural y gases licuados del petróleo) y coquerías.
- Sector de producción y transformación de metales: instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos e instalaciones para la transformación de metales ferrosos.
- Sector químico: instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos (ciertas sales), industrias que utilicen procedimientos químico o biológico para fabricación de medicamentos e instalaciones para fabricación de explosivos.
- Sector para la gestión de residuos: vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas.
Está previsto que para el nivel de prioridad 3 los plazos se conozcan en los próximos meses.
Omnia Medioambienta como especialista en R. Medioambiental y en pos de facilitar la prospección de mercado a sus brokers/colaboradores, ha elaborado base de datos de las empresas que se encuentran en este grupo de prioridad y que se suman a las empresas de nivel 1, con la obligatoriedad desde el 30 de octubre del pasado año.